Editor Central 
El alarmante aumento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia ha vuelto a tomar protagonismo en la opinión pública tras el cruel asesinato de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Sofía fue víctima de un vecino que, tras su desaparición, conmocionó a la comunidad local y reavivó un debate que el país no puede ignorar: la grave situación de violencia que enfrenta la niñez en Colombia.
Este no es un caso aislado. Los números que reflejan la violencia infantil en Colombia son desoladores y dejan al descubierto una realidad que exige una respuesta urgente de las autoridades y de la sociedad en general.
Cifras dolorosas de la violencia contra menores
De acuerdo con los datos recientes proporcionados por Medicina Legal, entre enero y agosto de este año, se han registrado 375 homicidios de niños, niñas y adolescentes en el país. Este es un indicador preocupante, que revela no solo la magnitud del problema, sino también la falta de seguridad que enfrentan los menores en sus entornos más cercanos, que deberían ser espacios de protección.
El crimen de Sofía Delgado no solo entristece y encoleriza, sino que forma parte de una escalada de violencia que también incluye abusos sexuales. En lo que va del año, se han practicado 11.871 exámenes médico-legales a menores de edad que podrían haber sido víctimas de violencia sexual, una cifra aterradora que, al igual que los homicidios, pone en evidencia la vulnerabilidad de la infancia en Colombia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también ha revelado que durante este año han atendido 70.302 casos relacionados con violencia contra menores. De estos, 18.805 corresponden a abusos sexuales, 2.110 a violencia física y 1.568 a maltrato infantil. Estos números reflejan que los niños no solo son víctimas de hechos aislados, sino que están expuestos a diferentes formas de agresión en su vida cotidiana.
Un llamado de alerta a las instituciones
Frente a esta situación, diversas autoridades han expresado su preocupación. El presidente Gustavo Petro, junto con la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, han llamado la atención sobre la urgencia de tomar medidas más contundentes para proteger a los niños y adolescentes del país. El aumento en los homicidios y casos de abuso sexual son señales claras de que las políticas de protección infantil deben ser revisadas y fortalecidas.
La procuradora Margarita Cabello fue enfática en su llamado a las instituciones para que redoblen esfuerzos en la atención a esta población que, según la Constitución, goza de especial protección. “Es imperativo que se tomen medidas urgentes para asegurar que los niños crezcan en entornos libres de violencia. Cada caso de violencia infantil es un reflejo de nuestro fracaso como sociedad”, aseguró Cabello.
Por su parte, Iris Marín, defensora del pueblo, manifestó que “la vida de los niños es sagrada y es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad garantizar su protección. Los niños deben crecer sin miedo, en entornos seguros donde puedan desarrollarse plenamente”.
El panorama en la región
El problema de la violencia contra los niños no se limita únicamente a Colombia. Según Unicef, América Latina y el Caribe es una de las regiones más peligrosas para los menores, con una tasa de homicidios que es cuatro veces mayor que la media mundial. Hasta octubre de 2022, la tasa de homicidios en menores en la región era de 12,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto del mundo esa cifra se situaba en 3 por cada 100.000 habitantes. Estos datos muestran que la región enfrenta una crisis de violencia que requiere una intervención integral y coordinada entre los diferentes países.
Un llamado a la acción
El caso de Sofía Delgado es solo un reflejo más de una tragedia que afecta a miles de niños y adolescentes en Colombia. La violencia en contra de los menores no distingue edad, género ni lugar, y las cifras de Medicina Legal y el ICBF solo son una parte del problema. Detrás de cada número hay una historia de sufrimiento y de vidas truncadas que no pueden ni deben quedar en el olvido.
La sociedad colombiana y sus instituciones deben responder con urgencia ante esta escalada de violencia. Las autoridades tienen la obligación de tomar medidas más estrictas y de trabajar en la creación de políticas preventivas que protejan a los menores desde temprana edad. Mientras tanto, la comunidad también debe desempeñar un papel activo en la denuncia y prevención de la violencia infantil.
Es crucial que no solo se trabaje en castigar a los responsables de estos actos atroces, sino que se construyan entornos seguros para que los niños puedan crecer y desarrollarse plenamente, libres del miedo y de la violencia que tristemente ha caracterizado su entorno.
