En medio de la audiencia sobre la reforma a la justicia en el Congreso, la fiscal general Luz Adriana Camargo explicó las razones detrás de la liberación de Brayan Campo, quien confesó el asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años. Campo había quedado en libertad por vencimiento de términos en un caso anterior de agresión sexual contra una menor, lo que ha generado controversia y críticas al sistema judicial colombiano.
La fiscal detalló que el vencimiento de términos ocurrió debido a un colapso en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que impidió el traslado de Campo para una audiencia clave. “El juez solicitó una audiencia presencial, dada la gravedad del caso. Sin embargo, el Inpec no pudo trasladarlo, lo que provocó que se vencieran los términos y, como resultado, su libertad”, explicó Camargo. Aclaró que, aunque la decisión del juez fue ajustada a la ley, las circunstancias externas complicaron el proceso.
Durante la audiencia, también se elogió el trabajo de la Policía Judicial, que logró la captura de Campo tras la desaparición de Sofía Delgado. “Gracias a la rápida intervención de los investigadores, se capturó a Campo, quien aceptó cargos por feminicidio”, agregó la fiscal Camargo, destacando la importancia del trabajo policial.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, expresó su dolor ante los delitos contra menores, recordando que este tipo de casos afectan profundamente a los magistrados, muchos de los cuales son padres. “Lo ocurrido nos llena de profunda tristeza. Somos administradores de justicia, pero también padres. Estos ataques contra menores nos tocan profundamente”, declaró Chaverra.
Además, Chaverra defendió un artículo de la reforma a la justicia que propone una rebaja de hasta el 25 % de la pena a quienes acepten cargos por delitos contra menores, con el objetivo de agilizar los procesos. “Los juicios pueden prolongarse por años, y cuando la sentencia finalmente llega, el impacto del delito ha cambiado. Es necesario tomar medidas para evitar que estos casos se prolonguen innecesariamente”, afirmó.
Ambos funcionarios subrayaron la creciente preocupación por la alta impunidad en los delitos contra menores en Colombia. Según la fiscal Camargo, solo el 5 % de estos casos llegan a juicio, lo que ha puesto una gran presión sobre los jueces y el sistema judicial, generando el colapso en muchos casos.