Escalada en el uso de la pena de muerte en Irán: 11 personas ejecutadas en un solo día

Teherán, Irán. Este domingo, el régimen iraní llevó a cabo la ejecución de al menos once personas en distintas ciudades, entre ellas Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Este hecho, que incluyó la ejecución de una mujer y un ciudadano afgano, ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un preocupante aumento en el uso de la pena de muerte en Irán.

Las condenas respondieron principalmente a delitos de drogas y homicidios, y forman parte de una campaña que busca fortalecer el control interno y disuadir el crimen. Sin embargo, grupos como Human Rights Monitor (HRM) y Amnistía Internacional han expresado su alarma por el uso indiscriminado de la pena capital, advirtiendo sobre irregularidades y la falta de garantías en los procesos judiciales que llevaron a estas condenas.

En la prisión de Yasuj, las autoridades confirmaron la ejecución de tres personas, entre ellas Saman Karimi, un joven de 25 años de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, condenado por homicidio premeditado. Karimi, cuya condena ha sido cuestionada por activistas por presuntas irregularidades, fue ejecutado en la prisión central de Yasuj.

En la prisión de Tabriz, otras dos personas fueron ejecutadas esa misma mañana: Mahrokh Khani, una mujer de 35 años, y Kazem Babaei, de 45, ambos condenados por delitos de drogas. Khani, quien trabajaba en un taller de costura antes de su arresto, había sido detenida hace cuatro años bajo acusaciones de tráfico de drogas, mientras que Babaei llevaba más de dos años en prisión.

Otro caso que ha causado especial preocupación es el de Mohammad Nabi Papalzehi, un afgano de 28 años ejecutado en Zahedan. Su condena, también por delitos de drogas, ha sido criticada por la falta de garantías legales en el proceso judicial, lo que, según HRM, refuerza la percepción de que las autoridades iraníes recurren al sistema judicial para reprimir a las minorías y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Condena a muerte de activista kurda causa revuelo internacional

Paralelamente a las ejecuciones, el régimen iraní condenó este domingo a la activista kurda Varishe Moradi a la pena de muerte, acusándola de “rebelión armada contra el Estado”. Moradi, reconocida defensora de los derechos de las mujeres, se encuentra detenida en la prisión de Evin, en Teherán, tras ser arrestada el 1 de agosto de 2023. La activista ha trabajado en proyectos de transformación social, especialmente en defensa de los derechos de las mujeres y la autonomía kurda, cuestiones que chocan con la línea ideológica del régimen iraní.

Narges Mohammadi, la activista iraní ganadora del Premio Nobel de la Paz, compartió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) la noticia de la condena de Moradi, destacando que la activista había realizado una huelga de hambre de 20 días en protesta por las ejecuciones de otros activistas.

La sentencia ha sido notificada a los abogados de Moradi por la sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, aunque no se ha precisado el motivo exacto de la acusación de rebelión armada. Desde su detención, Moradi se ha convertido en un símbolo de la resistencia de los movimientos proderechos humanos kurdos, que reclaman justicia y el respeto a sus derechos.

Una práctica de control social

Irán se encuentra entre los países con más alto índice de ejecuciones en el mundo, lo que ha sido ampliamente condenado por la comunidad internacional. Amnistía Internacional y diversas ONG han reiterado su llamado a Teherán para abolir la pena de muerte, especialmente en casos de delitos de drogas, donde suelen encontrarse personas en situaciones de vulnerabilidad. La pena capital ha sido catalogada como una herramienta de represión empleada para consolidar el control social, una afirmación que se refuerza con los recientes hechos.

A pesar de la presión internacional y las críticas por el uso de la pena de muerte contra ciudadanos comunes y activistas, el régimen iraní parece decidido a mantener esta práctica como parte de su estrategia de control interno. La comunidad internacional sigue en alerta, exigiendo justicia y reformas en el sistema judicial iraní, y defendiendo el respeto por los derechos humanos en el país.