El senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, denunció un posible caso de corrupción en el Congreso, relacionado con el contrato para la gestión del Canal del Congreso. Según Hernández, este caso involucra a exempleados del actual presidente del Senado, Roy Barreras, y está vinculado con el convenio 983, firmado en julio pasado.
El convenio en cuestión, que supera los $8.000 millones, fue suscrito entre la empresa Digitec y la Dirección Administrativa del Senado para operar el Canal del Congreso, responsable de transmitir las sesiones parlamentarias y difundir contenido relacionado con la actividad legislativa.
Hernández denunció que Digitec subcontrató a Espejo Público Comunicaciones Estratégicas, empresa controlada por Valeria Uribe, hija de Jhon Jairo Uribe, exproductor del Canal del Congreso y antiguo colaborador de Barreras en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). La subcontratación implicaría la transferencia de $4.000 millones para la ejecución del convenio.
Además, Hernández señaló que tanto Jhon Jairo Uribe como su hija Valeria ocupaban cargos de productor y coordinadora administrativa, respectivamente, en el convenio 983, con salarios entre $6 y $8 millones. El senador también visitó la dirección registrada para Espejo Público y encontró únicamente oficinas vacías.
La denuncia de Hernández se centra en 95 contratos suscritos por Digitec para llevar a cabo el convenio. Según el senador, a los trabajadores se les habría hecho firmar contratos con salarios presuntamente inferiores a los estipulados en el convenio. Hernández estima que los trabajadores habrían dejado de recibir alrededor de $117 millones debido a estos presuntos descuentos ilegales. Sin embargo, ni Jhon Jairo Uribe ni su hija aparecían en la lista de contratos con reducciones salariales.
El congresista también señaló que la supervisora del convenio, Maritza La Rotta, era comunicadora y miembro de la UTL de Roy Barreras. Hernández cuestionó por qué tanto La Rotta como Jhon Jairo Uribe dejaron la UTL poco antes de que Barreras asumiera la presidencia del Senado y luego se convirtieran en figuras clave en el convenio.
Jota Pe Hernández presentó sus denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen el caso. Además, señaló que en las redes sociales del partido de Barreras, La Fuerza de la Paz, hay enlaces que no dirigen a su sitio web oficial, sino a la empresa Espejo Público, lo que sugiere una relación más estrecha entre Barreras y los Uribe.
Esta denuncia pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos en el Congreso. La investigación de las autoridades permitirá esclarecer los hechos y, en caso de encontrar irregularidades, sancionar a los responsables.